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GUÍA PRÁCTICA

DE FISCALIDAD PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

2016




Elaborada por

CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA



GUÍA PRÁCTICA DE FISCALIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2016


El contenido de este libro no podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin el previo permiso del autor. Reservados todos los derechos.

EDICIÓN 2015 - 2016 AUTORES:

Carlos Alarcia Pineda Rubén Díez Esclapez Philipp Potapov Aitana Peiró Cantó Mª Teresa Moral Gil

José María González de Benito


Edita: Limencop, S. L. Depósito Legal: A-345-2016


Impreso en España / Printed in Spain Fotocomposición, impresión y encuadernación: CEE Limencop, S. L. www.asociacionapsa.com



La peor discapacidad es no darse cuenta de que todos somos iguales” Anónimo


Este libro es fruto de un largo proceso de trabajo entre APSA y nuestros abogados que, con ilusión contagiosa e infatigable, han conseguido sintetizar el complejo mundo tribu- tario, desconocido en algunas ocasiones, para situaciones que nos han sensibilizado y que pensamos que necesitan de mayor difusión.


Con APSA hemos sido testigos privilegiados, a través de su trabajo, del contenido real y útil del esfuerzo y la solidaridad y con ellos hemos aprendido mucho, siempre con una sonrisa.


Cuatrecasas es una firma de abogados líder, que representa los más altos estándares de calidad y excelencia profesional, y que la concebimos como una parte de la comu- nidad en su conjunto. En 2017 sumaremos 100 años de experiencia en España, los últimos 18 en Alicante y desde nuestro despacho optamos por asumir un compromiso explícito con nuestra sociedad alicantina.


Tenemos la confianza que esta obra servirá de ayuda a familias, trabajadores y emplea- dores y apoyará a todos ellos a descifrar, de forma sencilla y práctica, el tratamiento en los impuestos asociados a las personas con otras capacidades.


Estamos profundamente agradecidos por la labor de APSA y, por eso, el libro es una consecuencia directa de nuestro compromiso con la Asociación y su actividad y, en definitiva, una expresión de los valores y ética que deben dirigir nuestro día a día como abogados.


Francisco Picó

Socio

Carlos Alarcia

Socio


ÍNDICE

I. PRÓLOGO

II. INTRODUCCIÓN3

III. CONCEPTOS BÁSICOS

III.1. ¿Qué se entiende por persona con discapacidad en el ámbito tributario?

III.2. ¿Cómo se acredita la condición de persona con discapacidad?

III.3. ¿Cómo se acredita la necesidad de ayuda de terceras personas y/o movilidad reducida?8

IV. FISCALIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

IV.1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

IV.1.1. Rentas exentas

IV.1.2. Rentas no exentas

IV.1.3. La Base Imponible y la Base Liquidable.

IV.1.4. Mínimo personal y familiar

IV.1.5. Deducciones: Estatal y Autonómica Valenciana

IV.1.6. Otros

Unidad familiar

IV.2. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

IV.3. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

IV.3.1 Exenciones

IV.3.2 Tipos de gravamen

IV.4. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

IV.5. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

IV.6. IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

IV.7. IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE

IV.8. IMPUESTO SOBRE LOS VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

IV.9. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

V. FISCALIDAD APLICABLE A LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

V.1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

V.1.1. Rentas exentas

V.1.2. La Base Imponible y la Base Liquidable. Reducciones.

V.1.3. Mínimo personal y familiar

V.1.4. Deducciones: Estatal y Autonómica Valenciana

V.1.5. Otros

VI. FISCALIDAD APLICABLE A ENTIDADES RELACIONADAS CON LA DISCAPACIDAD 117

VI.1. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

VI.1.1. Exenciones

VI.1.2. Deducciones

VI.2. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

VI.3. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

VI.4. IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

VI.5. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

VI.5.1. Exenciones


VII. EL PATRIMONIO PROTEGIDO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

VII.1. ASPECTOS GENERALES

VII.2. ASPECTOS TRIBUTARIOS

VII.2.1 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

VII.2.2. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

VII.2.3. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

VII.2.4. Obligaciones formales

VIII. NOTAS ORIENTADORAS RELATIVAS A LA DECLARACIÓN FORMAL DE INCAPACIDAD DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

IX. ANEXOS

IX.1 ¿Cómo y dónde solicitar el reconocimiento de discapacidad?

IX.1.1. Concepto

IX.1.2 ¿Cuándo solicitarlo?

IX.1.3. ¿A qué puede dar derecho el reconocimiento?

IX.1.4. ¿Dónde dirigirse?

IX.1.5. ¿Qué documentación se debe presentar?

IX.1.6. ¿Cómo solicitarlo?

IX.1.7. Normativa

X. GLOSARIO DE CONCEPTOS



I. PRÓLOGO


APSA es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de interés público en 1970. Desde su creación, en 1962, su objetivo ha sido mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o riesgo de presentarla, de la provincia de Alicante, ofre- ciéndoles el mayor apoyo posible a lo largo de todo su ciclo vital. Los valores que rigen nuestras actuaciones son la solidaridad, el respeto, la responsabilidad, la orientación al usuario, la honestidad, y la no discriminación. APSA surgió para poder ofrecer ayuda a estas personas y sus familias en los diversos aspectos de su vida en que pudieran necesitarlos. A lo largo de su historia, el crecimiento y la evolución de la asociación han sido constantes y han venido determinados por el espíritu innovador de sus socios y profesionales quienes, con la ayuda de las entidades colaboradoras, han buscado desde siempre la calidad y la mejora continua de los servicios para adelantarse a las posibles necesidades de sus usuarios.


APSA existe por y para las personas con discapacidad. Por este motivo, ellas son el principio y el final de todos sus esfuerzos. Sin embargo, APSA no siempre ha existido como es ahora ni ha ofrecido los mismos servicios. Estos han ido variando según se ha ido modificando la visión que la sociedad tenía de las personas con discapacidad. Gran parte de los cambios en este ámbito ocurrió durante el pasado siglo. Como ca- talizador de estos cambios resultó especialmente relevante la labor realizada, a partir de los años 40, por la Organización de Naciones Unidas (ONU), la cual se materializó en la diversas declaraciones de derechos tales como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948), la Declaración Mundial de los Derechos del Niño (ONU, 1959), la Declaración de los Derechos del Deficiente mental (ONU, 1971) y la Declaración de Derechos de los Minusválidos (ONU, 1975), entre otras (ONU, 1982, 1989, 1993). En la Constitución Española de 1978 se introdujeron los principios para la atención no discriminatoria de las personas con discapacidad, inspirados en estas declaraciones. En 1982, la aprobación de la Ley de Integración Social del Minusváli- do supuso un importante paso adelante en la regulación legislativa de sus derechos (LISMI, 1982). Recientemente, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) ha sentado las bases para el reconocimiento mundial pleno

de dichos derechos. No obstante, pese a los esfuerzos realizados, la Organización Mundial de las Personas con Discapacidad (ICRPD), en su Declaración de Sapporo de octubre de 2002, afirmó que “las personas con discapacidad son incuestionablemente el grupo más grande y más discriminado en el mundo, siendo sus derechos humanos sistemáticamente violados” (ICRPD, 2002, párr. 3). Por este motivo, siguen siendo ne- cesarias múltiples iniciativas para luchar contra esta discriminación.


La presente Guía práctica de fiscalidad para personas con discapacidad presenta di- versos aspectos relativos al tratamiento fiscal diferencial que pueden recibir las perso- nas con discapacidad, sus familias, y las entidades relacionadas con su atención, todo ello como medidas de acción positiva para tratar de paliar la situación de desventaja de la que parten estas personas. Los autores han realizado un encomiable esfuerzo para lograr hacer accesible a todos los ciudadanos una información compleja y, en ocasiones, ininteligible en su formato original. Así, por su contenido y redacción, resul- tará de interés para todos aquellos que quieran tener acceso, de forma fácil y directa, a información detallada sobre esta cuestión. En este sentido, resulta un documento imprescindible para la labor que realiza APSA.


Deseamos públicamente expresar nuestro más sincero reconocimiento y agradeci- miento a la prestigiosa firma de abogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira por su tra- bajo desinteresado en la elaboración de esta Guía. Resulta más que loable que, en la vorágine de su trabajo, dediquen el tiempo y la energía para captar las necesidades de entidades del tercer sector como APSA, y colaborar con nosotros en el desarrollo de diversas iniciativas. Ejemplos como el suyo siembran de esperanza nuestra labor, y nos hacen soñar en un futuro mejor, en el que exista ciertamente un pleno reconoci- miento de los derechos de las personas con discapacidad, porque se haya avanzado en la igualdad de oportunidades y la no discriminación por la presencia de una u otra característica personal. Es un placer darnos cuenta de que en este sueño no estamos en absoluto solos. Por todo ello, muchas gracias.


Alicante, 2 de junio de 2016 Isabel Manero Pérez Presidenta de APSA

II. INTRODUCCIÓN


Esta obra pretende recoger, de forma sencilla y ordenada, las diferentes medidas que, en el ámbito tributario, están dirigidas a aquellas personas que tienen la consideración de discapacitados. Por ello se configura como una guía práctica para las personas con discapacidad, sus familias y entidades relacionadas, que les ayude a dar respuesta a sus dudas en relación con cuestiones tributarias.


De este modo, además de las normas que afectan directamente a las personas con discapacidad, se recogen también aquellas medidas fiscales que pueden afectar a sus familias y a entidades que, de un modo u otro, tengan relación con personas con disca- pacidad (asociaciones, fundaciones, etc.).


No se pretende con esta guía elaborar un manual de los distintos impuestos, sino describir, de forma sencilla y práctica, las medidas que recoge la legislación española, estatal y autonómica valenciana, en los distintos impuestos, que deberán ser tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones en esta materia.

III. CONCEPTOS BÁSICOS

III.1. ¿Qué se entiende por persona con discapacidad en el ámbito tributario?


Tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellos contribuyentes que acrediten un grado discapacidad igual o superior al 33%. Es imprescindible que se acredite el grado de discapacidad. Ello no impide que en ocasiones la propia norma tributaria establezca un grado de discapacidad diferente al expuesto (65%), sin atender al tipo de discapacidad.


III.2. ¿Cómo se acredita la condición de persona con discapacidad?


El grado de discapacidad deberá acreditarse mediante certificado o resolución expedi- da por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales o el órgano competente de las Comunidades Autónomas1.


Existen algunas situaciones en las que no es necesaria la solicitud del reconocimiento del grado de discapacidad:


En particular, se considerará acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 33% en el caso de:


a) Pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.


b) Pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.



1. Vid. Anexo IX.1 ¿Cómo y dónde solicitar el reconocimiento de discapacidad?


Se considerará acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65% en el caso de:


c) Personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente, aunque no alcance dicho grado


Preguntas relacionadas


Certificado que reconoce la discapacidad en el 2015, si se prueba con certificados médicos que la enfermedad que la provoca ya se tenía en 2014, ¿se puede aplicar esa discapacidad en el 2014?2


No. La normativa admite la acreditación del grado de discapacidad mediante alguno de los siguientes procedimientos:


1) Certificado o resolución expedida por el IMSERSO o el órgano competente de las

Comunidades Autónomas.


2) Pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de discapa- cidad permanente total, absoluta, o gran invalidez, se entiende acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.


3) Discapacitados, cuya incapacidad se declaró judicialmente, se considera acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65 %, aunque no alcance dicho grado.


En este sentido, el Tribunal Económico-Administrativo Central3, al acordar que el grado de discapacidad únicamente puede acreditarse mediante certificado o resolución ex- pedida por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales o el órgano competente de las Comunidades Autónomas, añadiendo, sin que, a efectos de este impuesto puedan reputarse válidos reconocimientos de discapacidad efectuados por otros facultativos u organismos realizados, incluso, en el ejercicio de competencias públicas.


¿Desde qué fecha deben reconocerse los efectos de los certificados de discapa- cidad expedidos por el IMSERSO o el órgano competente de las Comunidades Autónomas?4


La normativa reguladora de esta materia dispone que el grado de discapacidad reco- nocido5 por la resolución dictada por el órgano correspondiente de las Comunidades Autónomas o por el IMSERSO se entenderá producido desde la fecha de solicitud. Por tanto, los certificados expedidos conforme a la normativa de referencia acreditan el grado de discapacidad desde la fecha de su solicitud.


En caso de que en el expediente quede claramente demostrado que la disca- pacidad es anterior a la fecha de solicitud del certificado, ¿se puede admitir la discapacidad en fecha anterior, a efectos fiscales?


En general, no, ya que, por un lado, la normativa del impuesto solo admite la acredita- ción del grado de discapacidad mediante alguno de los procedimientos recogidos en la pregunta 134576 y, por otro, los certificados expedidos por el IMSERSO u órgano competente conforme a la normativa reguladora de esta materia solo acreditan el grado de discapacidad desde la fecha de su solicitud. No obstante, entendemos que podría admitirse otra fecha cuando sea el propio órgano competente para declarar la discapa- cidad quien certifique que las circunstancias determinantes del grado de discapacidad reconocido concurrían en una fecha anterior.

III.3. ¿Cómo se acredita la necesidad de ayuda de terceras perso- nas y/o movilidad reducida?


Los contribuyentes discapacitados deberán acreditar la necesidad de ayuda de terce- ras personas para desplazarse a su lugar de trabajo para desempeñar el mismo, o la movilidad reducida para utilizar medios de transporte colectivos, mediante certificado o resolución del IMSERSO o el órgano competente de las Comunidades Autónomas en materia de valoración de minusvalía, basándose en el dictamen emitido por los equipos de valoración y orientación dependientes de los mismos.

IV. FISCALIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En este apartado se recogen aquellas medidas que están dirigidas a las personas con discapacidad.


Hay que tener en cuenta que todas las normas contenidas en la legislación tributaria son aplicables a las personas con discapacidad ya que son contribuyentes de los dis- tintos impuestos como cualquier ciudadano. Sin embargo, en este apartado se analizan únicamente aquellas normas que afectan específicamente a las personas con discapacidad.

IV. 1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS


El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)7, es un tributo de carácter directo y personal que grava, según los principios de igualdad, generalidad y progre- sividad, la renta obtenida por las personas físicas residentes en España, según su naturaleza y sus circunstancias personales y familiares.


Se aplica en todo el territorio nacional, constituyendo su hecho imponible, la obtención de rentas, dinerarias o en especie, en el sentido más amplio de la palabra (rendimien- tos, como por ejemplo los derivados del trabajo, del alquiler de inmuebles, del ejercicio de actividades económicas, de la titularidad de valores mobiliarios y cuentas bancarias; ganancias y pérdidas patrimoniales, como por ejemplo, las derivadas de transmisiones de elementos patrimoniales, como inmuebles, acciones, etc; e imputaciones de rentas), con independencia del lugar donde se hubiesen producido (España o el extranjero), y cualquiera que fuese la residencia del pagador de las mismas.


Tiene carácter anual y se devengará el 31 de diciembre de cada año, salvo fallecimien- to del contribuyente en un día distinto del antes mencionado, en cuyo caso el período impositivo terminará y nacerá la obligación de tributar (que no de declarar) en la fecha de fallecimiento.


IV. 1.1 Rentas exentas


De acuerdo con la normativa del IRPF, las siguientes rentas estarán exentas de tributar y, por tanto, no deberán incluirse en la declaración del IRPF a presentar por las perso- nas con discapacidad:


a) Las prestaciones reconocidas por la Seguridad Social o por las entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.


b) Las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autóno- mos por las mutualidades de previsión social que actúan como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social, como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. La cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones de la Se- guridad Social y de las Mutualidades antes mencionadas, en las prestaciones de éstas últimas.


c) Las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de clases pasivas, siempre que la lesión o enfermedad que hubiera sido la causa de aqué- llas inhabilitara por completo al perceptor de la pensión para toda profesión u oficio.


d) Pensiones y haberes pasivos de orfandad y a favor de nietos y hermanos, meno- res de 22 años o incapacitados para todo trabajo, reconocidas por la Seguridad Social y clases pasivas.


e) Las ayudas económicas otorgadas por instituciones públicas a personas con dis- capacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 65% para financiar su estancia en residencias o centros de día, siempre que el resto de sus rentas no excedan del doble del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM)8.


f) Los rendimientos del trabajo obtenidos en forma de renta por las personas con discapacidad correspondientes a las aportaciones al sistema de previsión social constituido en favor de las mismas. También están exentos los rendimientos de trabajo derivados de las aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad. En ambos casos hasta un importe máximo anual conjunto de tres veces el IPREM.


g) Las prestaciones económicas públicas para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personalizada que se derivan de la Ley de promoción de la autono- mía personal y atención a las personas en situación de dependencia.


h) Las prestaciones económicas establecidas por las Comunidades Autónomas o por entidades locales para atender necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de personas con discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo carezcan de medios económicos suficientes, hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el IPREM.


i) Las indemnizaciones satisfechas por las Administraciones Públicas por daños personales como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos (por ejemplo, una indemnización por daños personales ocasionales por una operación quirúrgica en un hospital público).


j) Las prestaciones por desempleo reconocidas por la gestora cuando se perciban en la modalidad de pago único, siempre que las cantidades percibidas se des- tinen a las finalidades previstas en la Ley, no estando condicionada, en el caso de personas discapacitadas, al mantenimiento de la acción durante el plazo de 5 años.


Preguntas relacionadas


¿Qué tratamiento fiscal tienen las ayudas percibidas en concepto de Prestación de Ayuda Económica Adicional a la del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), pagadas por MUFACE e ISFAS?9


No tributan en el IRPF las prestaciones económicas vinculadas al servicio, para cui- dados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales y de asistencia personal y, por tanto, no hay obligación de consignarlas en la declaración del IRPF. Sin embargo, si se conceden por una mutualidad como ayudas adicionales a los servicios y prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, han de tributar como rendimientos del trabajo, ya que si bien se tiene reconocida la situación de dependencia, las cantidades satisfechas no provienen de la aplicación de la Ley de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.


Como tal rendimiento del trabajo dichas ayudas deberán declararse en el IRPF por el titular mutualista, pues conforme a esta condición de funcionario mutualista es quien tiene el derecho a su solicitud, al reconocimiento en su caso de la concesión y al abono de las mismas.


¿Cuál es el tratamiento fiscal de las pensiones que por motivo de incapacidad permanente para el servicio activo se perciban por los funcionarios públicos?11


Con carácter general estarán exentas las pensiones por inutilidad o incapacidad perma- nente del régimen de clases pasivas, siempre que la lesión o enfermedad que hubiera sido causa de aquéllas inhabilitara por completo al perceptor de la pensión para toda profesión u oficio. En consecuencia, si el órgano competente reconoce al contribuyente la situación de invalidez permanente para toda profesión u oficio, las prestaciones que por tal motivo se abonasen, estarían exentas de tributación por el IRPF.


¿Cómo se aplica el límite exento de la prestación por desempleo en pago único que perciba un trabajador discapacitado que se convierta en autónomo?12


Se excluye de la aplicación del citado límite a las prestaciones recibidas en forma de pago único por trabajadores discapacitados que se conviertan en trabajadores autónomos13. Es decir, las citadas prestaciones estarán exentas en su totalidad, sin límite alguno.

Tampoco se exige en estos casos el requisito de mantenimiento durante cinco años del negocio, tal y como se exige para el resto de las situaciones.


Tratamiento fiscal de las ayudas percibidas para financiar la estancia en residen- cias especializadas.


Estarán exentas del IRPF aquellas ayudas que cumplan los siguientes requisitos:


Ser otorgadas por instituciones públicas.


Percibirse por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65% o por mayores de 65 años


Estar destinadas a financiar su estancia en residencias o centros de día.


Que el resto de las rentas de los beneficiarios, excluida la propia ayuda, no exceda del doble del IPREM. A efectos del cumplimiento del último requisito debe entenderse, a falta de concreción expresa en otro sentido, que las rentas a tomar en consideración incluyen también a las que estén exentas del impuesto.


Exención que establece el IRPF a las prestaciones económicas públicas del Sis- tema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.15


Están exentas las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio, para cui- dados en el entorno familiar y de asistencia personalizada que se deriven de la Ley de promoción a la autonomía personal y atención a las personas en situación de depen- dencia.


¿Cuáles son las prestaciones por incapacidad permanente reconocidas al con- tribuyente por la Seguridad Social o las entidades que la sustituyen, que quedan exentas del impuesto?

Las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o las entidades que la sustituyan que están exentas son aquéllas consecuencia de incapacidad perma- nente absoluta o de gran invalidez, cualquiera que sea el origen de ésta, enfermedad común o laboral, accidente.


Según la propia Ley de Seguridad Social, son aquellas reconocidas en los dos grados máximos de incapacidad, la absoluta que inhabilita para toda profesión u oficio, y la gran invalidez, que corresponde a situaciones de absoluta cuando además se requiere la ayuda de terceras personas para realizar los actos más esenciales de la vida.


El resto de grados de incapacidad, tanto la que tiene un carácter temporal, como aque- llas que teniendo un carácter de permanente, se gradúan como de permanente parcial y permanente total, siempre están sujetas y no exentas.


¿Está exenta una prestación por incapacidad que percibe un profesional no inte- grado en el RETA y que la satisface su mutualidad de previsión social? ¿Existe algún límite a esta exención?17


Sí, están exentas las prestaciones reconocidas a profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia o autóno- mos, pagadas por mutualidades de previsión social que actúen como alternativas a dicho régimen especial, siempre que sean prestaciones idénticas a las previstas para incapacidad permanente absoluta o gran invalidez de la Seguridad Social.


Esta exención tiene como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como ren- dimiento del trabajo. En caso de concurrir ambas prestaciones y en conjunto exceder del límite, el exceso se considera producido en las prestaciones de las mutualidades.


¿Qué prestaciones públicas por acogimiento y ayudas para estancia en residen- cia están exentas?

La exención abarca dos tipos de ayudas:


1. Las prestaciones económicas percibidas de instituciones públicas por acogi- miento de personas con discapacidad, de mayores de 65 años y de menores. El acogimiento puede ser en modalidad simple, permanente o pre-adoptivo o por las modalidades equivalentes previstas por la normativa propia de las CCAA. Debe añadirse que el acogimiento puede venir dado por ejecución de medida judicial de convivencia del menor con persona o familia previsto por la Ley.


2. Las ayudas económicas otorgadas por instituciones públicas y destinadas a financiar estancias en residencias o centros de día a aquellas personas con discapacidad, si tienen un grado igual o superior al 65%, o bien si son personas mayores de 65 años. Para la exención se requiere además que el resto de sus rentas no excedan del doble del IPREM.


Las ayudas económicas percibidas por un contribuyente de su Servicio Territorial de Salud, para comprar una prótesis ¿Pueden considerarse prestación sanitaria pública para restablecimiento de la salud y por tanto no tributar por el IRPF?


El catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud comprende dentro de las prestaciones sanitarias, la ortoprotésica. La norma sobre cohesión y calidad del Sis- tema Nacional de Salud establece una cartera de servicios comunes por la que hace efectivas determinadas prestaciones, entre ellas la ortoprotésica.


Los elementos de la prestación pueden ser facilitados directamente por los servicios de salud o dar lugar a una ayuda económica. Estas prestaciones sanitarias del catálogo se harán efectivas a través de los Servicios Interterritoriales del SNS.


Por ello las ayudas económicas públicas que un contribuyente puede percibir para ad- quirir una prótesis, siempre que ésta quede incluida en la cartera de servicios comunes de la prestación ortoprotésica, en principio no constituye obtención de renta para sus destinatarios, no tributando por el IRPF.

Las ayudas económicas percibidas por un contribuyente de su Servicio Territo- rial de Salud, para comprar una silla de ruedas ¿Pueden considerarse prestación sanitaria pública para restablecimiento de la salud y por tanto no tributar por el IRPF? 21


Cuando se perciba ayuda pública para adquirir una silla de ruedas, siempre que esta silla sea de las incluidas en la cartera de servicios comunes de la prestación ortopro- tésica, del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, la obtención de esas cantidades no constituye renta para sus destinatarios, no tributando la misma en el IRPF.


No obstante, el reglamento que recoge esos servicios comunes, va a excluir de estas prestaciones determinadas sillas de ruedas: excluye las manuales con ruedas delan- teras grandes maniobradas con los brazos, las propulsadas con el pie, así como las de fibra de carbono y/o titanio y las sillas de ruedas con motor. Sin embargo, quedan incluidas las de motor eléctrico y dirección eléctrica para pacientes con limitaciones funcionales graves del aparato locomotor por enfermedad, malformación o accidente, que cumplan todos los requisitos siguientes:


Incapacidad permanente para la marcha independiente


Incapacidad funcional permanente para propulsar la silla manual con las extre- midades superiores.


Tener suficiente capacidad visual, mental y control que les permita el manejo de la silla eléctrica y no suponga riesgo añadido a su integridad o a la de otras personas.


En los casos de exclusión, cuando el contribuyente perciba ayudas para su adquisición entendemos que tendrán el carácter de prestación social cuyo concepto no correspon- de exactamente con el propio concepto de asistencia sanitaria, y por tanto lo percibido constituye renta sujeta al impuesto, debiendo tributar en el IRPF.


Persona residente en España que percibe una prestación por invalidez en grado del 100%, procedente de Suiza (seguro federal de invalidez). Aplicación de la exención por prestación por incapacidad.


De acuerdo con el Convenio Hispano-Suizo para evitar la doble imposición en materia de IRPF y Patrimonio, al ser residente en territorio español el contribuyente, la pensión que percibe de Suiza deberá someterse a imposición en España.


Por otra parte, de acuerdo con la normativa de referencia, están exentas las presta- ciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. La pensión por invalidez percibida por el consultante, gozará pues de exención siempre que se cumplan los siguientes requisitos:


1.- Que el grado de incapacidad reconocido pueda equipararse en sus caracterís- ticas a la incapacidad absoluta o gran invalidez. A la vista de la documentación aportada, el grado de invalidez del 100% previsto en la normativa suiza puede asimilarse a la incapacidad permanente absoluta.


2.- Que la entidad que satisface la prestación goce, según la normativa suiza, del carácter de sustitutoria de la Seguridad Social.


¿Cómo deben tributar las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los

seguros de dependencia?23


Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los seguros de dependencia con- forme a lo dispuesto en la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, tributarán como rendimientos del trabajo, dado que las aportaciones son reducibles de la base imponible.


¿Cómo tributan las prestaciones derivadas de los distintos sistemas de previ- sión social constituidos en favor de personas con discapacidad cuando son pa- gadas en forma de renta?24


Tendrán la consideración de rendimientos del trabajo las prestaciones obtenidas en forma de renta por las personas con discapacidad y que deriven de las aportaciones a los sistemas de previsión social constituidos a su favor.


No obstante, estarán exentas hasta un importe máximo anual de tres veces el IPREM junto con los rendimientos del trabajo derivados de las aportaciones a patrimonios pro- tegidos a que se refiere la Disposición Adicional decimoctava de la Ley de IRPF.


Al margen del concepto de renta exenta de tributación, la normativa del IRPF25 dispone que no tendrán la consideración de renta, y por tanto no tributarán por este impuesto, las cantidades percibidas como consecuencia de las disposiciones que se hagan de la vivienda habitual por parte, entre otras, de las personas que se encuentren en situación de dependencia severa o de gran dependencia a que se refiere la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, siempre que se lleven a cabo de conformidad con la regulación financiera relativa a los actos de disposición de bienes que conforman el patrimonio personal para asistir las necesida- des económicas de la vejez y de la dependencia.


Preguntas relacionadas


La transmisión de la vivienda habitual para atender necesidades de dependencia

¿Qué tratamiento fiscal tiene?


Si la transmisión se realiza cumpliendo una serie de requisitos financieros26, no se gra- va la ganancia patrimonial que se genera en estas transmisiones cuando se realizan por personas que sufran de dependencia severa o gran dependencia.


¿Cuáles son esos requisitos financieros? ¿Qué es una hipoteca inversa?


Una hipoteca inversa es un préstamo o crédito garantizado mediante hipoteca sobre un bien inmueble que constituye la vivienda habitual del solicitante, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:


a) que el solicitante y los beneficiarios que éste pueda designar sean personas de edad igual o superior a los 65 años o afectadas de dependencia, o personas a las que se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.


b) que el deudor disponga del importe del préstamo o crédito mediante disposicio- nes periódicas o únicas,


c) que la deuda sólo sea exigible por el acreedor y la garantía ejecutable cuando fallezca el prestatario o, si así se estipula en el contrato, cuando fallezca el últi- mo de los beneficiarios,


d) que la vivienda hipotecada haya sido tasada y asegurada contra daños de acuerdo con los términos y los requisitos que se establece en la normativa regu- ladora27 del Mercado Hipotecario.


IV. 1.2 Rentas no exentas


De acuerdo con la normativa del IRPF, las siguientes rentas no exentas deben tributar como rendimientos del trabajo en el ámbito de las personas con discapacidad:


RENDIMIENTOS DEL TRABAJO


a) Las pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por situación de incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad, o similares, sin


perjuicio de las rentas que estén exentas y que ya hemos mencionado previa- mente en el apartado IV.1.1


b) Las prestaciones por jubilación o invalidez derivadas de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social, en el importe de la cuantía que exceda de las aportaciones que no hayan podido ser objeto de reducción o minoración de la base imponible.


c) Las prestaciones por jubilación o invalidez percibidos por beneficiarios de con- tratos de seguro colectivo.


d) Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los seguros de dependencia conforme a lo dispuesto en la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia.


e) Las aportaciones realizadas al patrimonio protegido de las personas con disca- pacidad.


f) Tendrán la consideración de renta de trabajo en especie exenta las primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad, si la misma alcanza al trabajador, pudiendo también alcanzar a su cónyuge y descendientes, siempre y cuando las primas satisfechas no excedan de 500 euros anuales por cada una de las personas antes señaladas o de 1.50028 euros para cada una de ellas con discapacidad. El exceso sobre dicha cuantía tributará como renta en especie.


28 Con efectos 1 de enero de 2016 se eleva el límite de 500 euros a 1.500 euros en caso de personas

con discapacidad.


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¿Cómo tributan las prestaciones derivadas de los distintos sistemas de previ- sión social constituidos a favor de personas con discapacidad cuando son paga- das en forma de renta?29


Tendrán la consideración de rendimientos del trabajo las prestaciones obtenidas en forma de renta por las personas con discapacidad y que deriven de las aportaciones a los sistemas de previsión social constituidos a su favor.


No obstante, estarán exentas hasta un importe máximo anual de tres veces el IPREM junto con los rendimientos del trabajo derivados de las aportaciones a patrimonios pro- tegidos.


¿Cómo tributan las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los seguros

de dependencia?30


Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los seguros de dependencia con- forme a lo dispuesto en la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, tributarán como rendimientos del trabajo.


¿Existe algún porcentaje de reducción aplicable sobre los rendimientos íntegros del trabajo que provengan del pago de prestaciones públicas?31


Con carácter general, los rendimientos íntegros del trabajo se computarán en su inte- gridad, salvo que resulte de aplicación alguno de los porcentajes regulados en la nor- mativa del IRPF. Dichos porcentajes no resultarán de aplicación cuando la prestación se perciba en forma de renta.


Los contribuyentes podrán aplicar una reducción del 30% en el caso de los rendimien- tos del trabajo que provengan del pago de prestaciones públicas, entre otras, por situación de incapacidad, siempre que se perciban en forma de capital. En este supuesto no es necesario que hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación.


¿Qué nuevos gastos son deducibles del rendimiento íntegro del trabajo a partir

de 1 de enero de 2015?32


A partir de 1 de enero de 2015, se podrán deducir en concepto de otros gastos, 2.000 euros anuales.


Tratándose de personas con discapacidad que obtengan rendimientos del trabajo como trabajadores activos, se incrementará dicha cuantía en 3.500 euros anuales. Dicho incremento será de 7.750 euros anuales para las personas con discapacidad que siendo trabajadores activos acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movili- dad reducida, o un grado de discapacidad igual o superior al 65%.


Dichos gastos deducibles tendrán como límite el rendimiento íntegro del trabajo una vez minorado por el resto de gastos del trabajo fiscalmente deducibles33.


¿Existe algún requisito de duración mínima de la relación laboral para aplicar los gastos deducibles por trabajador en activo con discapacidad?


La Ley del IRPF únicamente exige para aplicar los gastos deducibles de 3.500 o 7.750 euros anuales que se cumplan las dos circunstancias siguientes:


a) Que el trabajador esté en activo, y


b) Tener reconocido un grado de discapacidad de, al menos, el 33% y, en su caso, que acredite necesitar ayuda de terceras personas o tener reducida la movilidad.

Cumpliéndose ambas circunstancias durante cualquier día del período impositivo, el contribuyente podrá beneficiarse de los gastos deducibles incrementados por disca- pacidad.


Para aplicar esta deducción ¿cómo debe justificarlo documentalmente la perso- na discapacitada?


A estos efectos, el contribuyente con discapacidad debe acreditar la necesidad de ayu- da de terceras personas para desplazarse a su lugar de trabajo o para desempeñar el mismo, o la movilidad reducida para utilizar medios de transporte colectivos, mediante certificado o resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales o el órgano competente de las Comunidades Autónomas en materia de valoración de las minus- valías, basándose en el dictamen emitido por los Equipos de Valoración y Orientación dependientes de las mismas.


¿Qué tratamiento fiscal tienen las ayudas para el apoyo domiciliario percibida de

MUFACE?34


Se consideran rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilida- des, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven directa o indirectamente del trabajo personal o de la relación laboral o estatu- taria, y no tengan carácter de rendimientos de actividades económicas. Por tanto, la ayuda de carácter socio-sanitario denominada para apoyo domiciliario que concede MUFACE, se encuentra sometida al IRPF y a su sistema de retenciones a cuenta como rendimientos del trabajo, en cuanto que son consecuencia de una previa relación labo- ral o funcionarial.


RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO


De acuerdo con la normativa del IRPF, las siguientes rentas no exentas deben tributar como rendimientos del capital mobiliario:

Los rendimientos procedentes de operaciones de capitalización, de contratos de se- guro de vida o invalidez y de rentas derivadas de la imposición de capitales, salvo que deban tributar como rentas del trabajo.


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Aefectos de calificar las prestaciones de los seguros de vida o invalidez como ren- dimientos de capital mobiliario, ¿qué se consideran prestaciones por invalidez?35


Son rendimientos de capital mobiliario los procedentes de contratos de vida o invalidez, salvo que deban tributar como rendimientos del trabajo.


A estos efectos se entiende por invalidez aquella situación que determine en la persona afectada un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Por tanto, cuando la pres- tación de un seguro tenga su origen en una situación de invalidez, entendida según lo señalado anteriormente, el rendimiento generado se calificará como rendimiento de capital mobiliario. En caso contrario se calificará como ganancia patrimonial.


RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS


La normativa del IRPF obliga a declarar las rentas procedentes del ejercicio de activi- dades económicas como rendimientos de actividades económicas, ya sean empresa- riales o profesionales.


Tienen la consideración de rendimientos de actividades económicas las que, proce- diendo del trabajo personal y del capital, conjuntamente, o de uno solo de estos facto- res, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. En particular, tienen esta consi- deración las actividades extractivas, de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construc- ción, mineras, así como el ejercicio de profesionales liberales, artísticas y deportivas.


Preguntas relacionadas


Los contribuyentes que desarrollan una actividad económica ¿qué gastos pue- den deducir de sus ingresos para determinar el rendimiento neto de la misma que tenga en consideración a las personas con discapacidad?


En el régimen de determinación del rendimiento neto de estimación directa, es decir ingresos menos gastos, tienen la consideración de gasto deducible las primas de segu- ros de enfermedad satisfechas por el contribuyente en la parte que correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan con él, con el límite máximo de 500 euros por cada una de las personas antes señaladas o de 1.500 euros por cada una de ellas con discapacidad.


Con efectos 1 de enero de 2016 es cuando se eleva el límite de 500 euros a 1.500

euros cuando la persona objeto de cobertura es una persona con discapacidad.


Si un contribuyente que ejerce la actividad económica de transporte por auto taxi y calcula su rendimiento neto por el régimen de módulos (estimación objetiva), se ve obligado a transmitir su licencia por incapacidad permanente, ¿cómo tribu- ta la ganancia patrimonial generada?


Sobre la ganancia obtenida hasta el 31 de diciembre de 2014 se aplican unos coefi- cientes reductores36 en función del tiempo transcurrido entre la fecha de adquisición de la licencia y el 31 de diciembre, siendo especialmente beneficiosos para titulares de actividades adquiridas antes del 31 de diciembre de 2002, ya que se les aplica un coeficiente reductor del 100%.


¿Cabe aplicar alguna reducción al rendimiento neto derivado del ejercicio de una actividad económica por contribuyentes con discapacidad?


Cuando se trate de personas con discapacidad que obtengan rendimientos netos derivados del ejercicio efectivo de estas actividades económicas, además de los 2.000 euros anuales que pueden reducir con carácter general, podrán aplicar una reducción adicional 3.500 euros. Dicha reducción será de 7.750 euros, para las personas con discapacidad que ejerzan de forma efectiva estas actividades económicas y acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de discapaci- dad igual o superior al 65%.


GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES


De acuerdo con la normativa del IRPF, son ganancias o pérdidas patrimoniales las va- riaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por la normativa del IRPF se califique de rendimiento.


Por ejemplo, mediante la transmisión de un inmueble, de acciones de una sociedad o de participaciones de un fondo de inversión; o la incorporación de bienes al patrimonio del contribuyente, se generan ganancias o pérdidas patrimoniales.


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¿Constituyen ganancia patrimonial las aportaciones a patrimonios protegidos constituidos a favor de personas con discapacidad?37


La normativa del IRPF establece expresamente que no existirá ganancia o pérdida patrimonial en los supuestos de aportaciones, dinerarias o no dinerarias, a patrimonios protegidos constituidos a favor de personas con discapacidad.


¿Existe algún beneficio fiscal para la ganancia patrimonial que se genera con la venta de la vivienda habitual por parte de un contribuyente con discapacidad?


Estará exenta del IRPF y, por tanto, no tributará la ganancia patrimonial derivada de la transmisión de la vivienda habitual por personas en situación de dependencia severa o de gran dependencia, si se cumplen los siguientes requisitos:


a) Que el contribuyente tenga la consideración de persona en situación de depen- dencia severa o gran dependencia de conformidad con la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.


b) Que la vivienda transmitida sea la vivienda habitual.


En estos supuestos, se entiende que el contribuyente está transmitiendo su vivienda habitual cuando dicha edificación constituya su vivienda habitual en ese momento o hubiera tenido tal consideración hasta cualquier día de los dos años anteriores a la fecha de transmisión.


Por sentencia judicial, como víctima de un accidente de tráfico percibe de la par- te condenada una indemnización por daños personales y los intereses legales abonados en virtud de dicha sentencia judicial. Calificación de estos intereses en el IRPF.


Los intereses a que da lugar la sentencia tienen diferente calificación, en función de su

naturaleza remuneratoria o indemnizatoria.


Los intereses remuneratorios constituyen la contraprestación, bien de la entrega de un capital que debe ser reintegrado en el futuro, bien del aplazamiento en el pago, otorga- do por el acreedor o pactado por las partes. Estos intereses tributarán en el impuesto como rendimientos del capital mobiliario, salvo cuando, de acuerdo con la Ley del IRPF proceda calificarlos como rendimientos de la actividad empresarial o profesional.


Por otro lado, los intereses indemnizatorios tienen como finalidad resarcir al acreedor por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación o el retraso en su correcto cumplimiento, circunstancia que concurre en el presente caso. Estos in- tereses, debido a su carácter indemnizatorio, no pueden calificarse como rendimientos del capital mobiliario.


En consecuencia, han de tributar como ganancia patrimonial, tributación que procede en este supuesto.


Una vez establecida la calificación de los intereses, respecto a su posible exención, procede aclarar que el carácter compensatorio por la demora -indemnización por daño patrimonial- que los mismos tienen comporta que no puedan quedar amparados por la exención recogida en la Ley del IRPF relativa a indemnización por daños personales.


IV. 1.3 La base imponible y la base liquidable


La base imponible del IRPF es la cuantificación de la renta sometida a gravamen, y se

compone de la base imponible general y la base imponible del ahorro.


La base general se conforma por (i) los rendimientos (del trabajo, determinados rendi- mientos del capital mobiliario, del capital inmobiliario, y los procedentes del ejercicio de actividades económicas); (ii) las ganancias y pérdidas patrimoniales no derivadas de transmisión de elementos patrimoniales (obtención de un premio, una pérdida, etc); y

(iii) la imputación de rentas (como por ejemplo la derivada de la titularidad de determi- nados inmuebles que no constituyan la vivienda habitual del contribuyente)


La base del ahorro está compuesta por (i) el resto de rendimientos del capital mobiliario (como intereses, dividendos, seguros, etc); y (ii) las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales (por ejemplo, de la venta de un inmueble)


Una vez cuantificada la base imponible general, la normativa del impuesto permite apli- car sobre la misma, exclusivamente y por este orden, una serie de reducciones, dando lugar a la base liquidable general. Ésta no pueda resultar negativa como consecuencia de aplicar las mismas. En consecuencia, se eximirá de tributar por dichos importes a todo contribuyente y, en concreto, a las personas con discapacidad:


a) Reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social: pla- nes de pensiones, mutualidades de previsión social, planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial, y primas satisfechas a los seguros privados que cubran exclusivamente el riesgo de dependencia severa o gran dependencia.


Igualmente, las personas que tengan con el contribuyente una relación de parentesco en línea directa (por ejemplo, padre/hijo) o colateral, hasta el tercer grado inclusive (por ejemplo, tío/sobrino, hermanos), o por su cónyuge, o por aquellas personas que tuviesen al contribuyente a su cargo en régimen de tutela o acogimiento, podrán reducir en su base imponible las primas satisfechas a estos seguros privados, con el límite legalmente establecido.


El conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que satisfagan pri- mas a favor de un mismo contribuyente, incluidas las del propio contribuyente no po- drán exceder de 8.000 euros anuales.


Como límite máximo conjunto para, entre otras, las reducciones antes mencionadas, se aplicará la menor de las siguientes cantidades: (i) El 30% de la suma de los rendi- mientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio; y (ii) 8.000 euros anuales.


Además, 5.000 euros anuales para las primas a seguros colectivos de dependencia satisfechos por la empresa.


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¿Qué requisitos deben reunir los seguros privados de dependencia para que las primas satisfechas reduzcan la base imponible general del IRPF?38


Sin perjuicio de los requisitos exigidos respecto al régimen financiero, las primas satis- fechas a los seguros privados que cubran, exclusivamente, el riesgo de dependencia severa o de gran dependencia podrán ser objeto de reducción en la base imponible general del IRPF cuando cumpla los siguientes requisitos:


a) Que cubran los riesgos de dependencia severa o gran dependencia conforme a lo dispuesto en la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.


b) El contribuyente deberá ser el tomador, asegurado y beneficiario.


c) El seguro deberá ofrecer obligatoriamente una garantía de interés y utilizar téc- nicas actuariales.


Dan derecho a reducción en la base imponible general del impuesto tanto las primas satisfechas por el contribuyente como las satisfechas por las personas que tengan con el mismo una relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, o por su cónyuge, o por las personas que tuviesen al contribuyente a su cargo en régimen de tutela o acogimiento. No obstante, el conjunto de reducciones practica- das por todas las personas que satisfagan primas a favor de un mismo contribuyente, incluidas las del propio contribuyente, no puede exceder de 8.000 euros anuales.


b) Reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social cons- tituidos a favor de personas con discapacidad.


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¿Qué importe pueden aportar los discapacitados partícipes a planes de pensio- nes constituidos a favor de los mismos, que otorguen derecho a reducir la base imponible?


Las aportaciones anuales realizadas por las personas con discapacidad partícipes tie- nen como límite 24.250 euros anuales.


El conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que realicen apor- taciones a favor de una misma persona con discapacidad, incluidas las de la propia persona con discapacidad, no podrá exceder de 24.250 euros anuales


Y si no hubieran podido ser objeto de reducción por insuficiencia de cuota ¿se

perderían?


No. Pueden reducirse en los cinco ejercicios siguientes, salvo que excediesen del límite

de 24.250 euros antes mencionado.


c) Reducciones por aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con disca- pacidad.


IV. 1.4. Mínimo personal y familiar


El mínimo personal y familiar constituye la parte de la base liquidable que, por destinar- se a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares del contribuyente, no se somete a tributación por este impuesto.


Además del mínimo del contribuyente (5.550 euros con carácter general; aumentado en 1.150 euros anuales cuando el contribuyente tenga una edad superior a 65 años; y 1.400 euros anuales adicionales si la edad es superior a 75 años), caben aplicar los siguientes mínimos familiares, ya sea por la propia persona discapacitada o por los familiares del mismo:


a) Mínimo por descendiente


Por cada descendiente menor de veinticinco años o con discapacidad, cualquiera que sea su edad, que conviva con el contribuyente (o estén en centros especializados) y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros:


2.400 euros anuales por el primer descendiente.

2.700 euros anuales por el segundo descendiente.

4.000 euros anuales por el tercer descendiente.

4.500 euros anuales por el cuarto descendiente, y siguientes.


Cuando el descendiente sea menor de tres años, los importes anteriores se incremen- tarán en 2.800 euros anuales.


Se asimilan a los descendientes aquellas personas vinculadas al contribuyente por razón de tutela y acogimiento. Asimismo se asimilará a la convivencia con el contribu- yente, la dependencia respecto de éste último.


b) Mínimo por ascendiente


1.150 euros anuales, por cada ascendiente mayor de 65 años o con discapacidad, cualquiera que sea su edad, que conviva con el contribuyente (o estén en centros especializados en caso de discapacitados) y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros.


Cuando el ascendiente sea mayor de 75 años, el importe anterior se aumentará en

1.500 euros anuales.


c) Mínimo por discapacidad


Lo constituye la suma del mínimo por discapacidad del contribuyente y del mínimo por

discapacidad de ascendientes y descendientes. Del contribuyente:

3.000 euros anuales cuando sea una persona con discapacidad; y


9.000 euros anuales cuando sea una persona con discapacidad y acredite un grado igual o superior al 65%.


Este mínimo se aumentará, en 3.000 euros anuales, en concepto de gastos de asistencia, cuando se acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de discapacidad igual o superior al 65 %.


De ascendientes y/o descendientes:


3.000 euros anuales por cada ascendiente o descendiente que sea persona con dis- capacidad, cualquiera que sea su edad, siempre que cumpla los requisitos para la aplicación del mínimo por descendientes y ascendientes.


9.000 euros anuales, por cada ascendiente o descendiente (que cumpla con los requi- sitos para la aplicación del mínimo por descendientes y ascendientes) que acredite un grado de discapacidad igual o superior al 65%.


Este mínimo se aumentará, en concepto de gastos de asistencia, en 3.000 euros anua- les por cada ascendiente o descendiente que acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida o un grado de discapacidad igual o superior al 65%.


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¿Qué requisitos se deben cumplir para aplicar el mínimo por ascendientes?39


Los requisitos a cumplir para aplicar el mínimo por ascendientes son los siguientes:


El ascendiente deberá tener más de 65 años o discapacidad cualquiera que sea su edad.


Que conviva con el contribuyente, al menos, la mitad del período impositivo. Se con- siderará que conviven con el contribuyente los ascendientes discapacitados que, dependiendo del mismo, sean internados en centros especializados. En el caso de fallecimiento del ascendiente durante el período impositivo, será necesario que estos convivan con el contribuyente al menos la mitad del período transcurrido entre el inicio del período impositivo y la fecha de fallecimiento.


Que no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros.


No procederá aplicar el mínimo si el ascendiente presenta declaración por este impues- to con rentas superiores a 1.800 euros.


¿Es posible aplicar el mínimo por descendientes cuando se encuentren discapa- citados y su edad es superior a 25 años?40


Sí. Siempre que los descendientes del contribuyente sean discapacitados, existirá de- recho a aplicar el mínimo por descendientes con independencia de cuál sea su edad y siempre que se cumplan el resto de los requisitos exigidos en la normativa.

Cuando el contribuyente tenga algún descendiente internado en centros especia- lizados ¿puede aplicar el mínimo por descendientes?41


Se considerará que conviven con el contribuyente los descendientes que, dependiendo del mismo, estén internados en centros especializados. Por tanto, si se cumplen el resto de requisitos exigidos en la normativa el contribuyente podrá aplicar el mínimo por descendientes.


IV. 1.5. Deducciones


Deducción estatal: Inversión en vivienda habitual


La Ley de Presupuestos Generales del Estado eliminó, con efectos 1 de enero de 2013, en la declaración del IRPF, la deducción por inversión en vivienda habitual para las per- sonas con discapacidad, por la parte de los gastos incurridos en obras e instalaciones a efectuar en la vivienda habitual, necesarias para la mejora de la accesibilidad y co- municación sensorial, de modo que se facilitase el desenvolvimiento digno y adecuado de las mismas.

No obstante, la derogación de la citada deducción vino acompañada por un régimen transitorio42 que permite aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual a los contribuyentes que hubieran satisfecho cantidades para la realización de obras e insta- laciones de adecuación de la vivienda habitual de las personas con discapacidad con anterioridad a 1 de enero de 2013, siempre y cuando las citadas obras o instalaciones estén concluidas antes de 1 de enero de 2017.


En todo caso, resultará necesario que el contribuyente hubiera practicado la deducción por inversión en vivienda habitual en relación con las cantidades satisfechas para la adquisición o construcción de dicha vivienda en un período impositivo devengado con anterioridad a 1 de enero de 2013.


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¿Qué obras son susceptibles de permitir la aplicación de la deducción por vivien- da habitual actualmente?


Las obras e instalaciones de adecuación en la vivienda habitual, incluidos los elemen- tos comunes del edificio y los que sirvan de paso necesario entre la finca y la vía públi- ca, con las siguientes especialidades:


a) Las obras e instalaciones de adecuación deberán ser certificadas por la Admi- nistración competente como necesarias para la accesibilidad y comunicación sensorial que facilite el desenvolvimiento digno y adecuado de las personas con discapacidad.


b) Darán derecho a deducción las obras e instalaciones de adecuación que deban efectuarse en la vivienda habitual del contribuyente, por razón de la discapa- cidad del propio contribuyente o de su cónyuge o un pariente, en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el tercer grado inclusive, que conviva con él.


c) La vivienda debe estar ocupada por cualquiera de las personas anteriores a

título de propietario, arrendatario, subarrendatario o usufructuario.


d) La base máxima de esta deducción, independientemente de la deducción por adquisición de la vivienda habitual, será de 12.080 euros anuales.


e) El porcentaje de deducción será el 10%.


f) Se entenderá como circunstancia que necesariamente exige el cambio de vivien- da cuando la anterior resulte inadecuada en razón a la discapacidad.


g) Tratándose de obras de modificación de los elementos comunes del edificio que sirvan de paso necesario entre la finca urbana y la vía pública, así como las necesarias para la aplicación de dispositivos electrónicos que sirvan para superar barreras de comunicación sensorial o de promoción de su seguridad, podrán aplicar esta deducción además del contribuyente a que se refiere la letra

b) anterior, los contribuyentes que sean copropietarios del inmueble en el que se encuentre la vivienda.


¿Cuál es la base de deducción por obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual por razones de discapacidad? ¿Tiene límite?43


La base de la deducción está constituida por el importe satisfecho por el contribuyente en el ejercicio en concepto de obras e instalaciones de adecuación de la vivienda por razones de discapacidad.


Límite de la deducción: el importe máximo de la inversión con derecho a deducción está establecido en 12.080 euros anuales, sin que el eventual exceso de las cantidades invertidas sobre dicho importe pueda trasladarse a ejercicios futuros.


Este límite es independiente del establecido para la deducción por inversión en la vivienda habitual.


En todo caso será necesario haber satisfecho cantidades para la realización de las obras e instalaciones con anterioridad a 1 de enero de 2013.


¿Cuáles son los porcentajes de deducción aplicables por obras e instalaciones

de adecuación de la vivienda habitual por razones de minusvalía?44


Los porcentajes de deducción están desglosados en dos partes: Tramo estatal: El porcentaje de deducción será el 10%


Tramo autonómico: Cada Comunidad Autónoma podrá fijar sus propios porcentajes.


No obstante cuando no se hubieran aprobado se aplicará el porcentaje del 10%.


¿Existe posibilidad de aplicar la deducción por inversión en la vivienda habitual en el caso de haber realizado obras o instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad?


Si. Transitoriamente existe dicha posibilidad si se cumplen los siguientes requisitos:


a) Si se han satisfecho cantidades para tal fin antes del 1 de enero de 2013;

b) Si las obras o instalaciones concluyen antes del 1 de enero de 2017; y

c) Si se ha presentado la declaración del IRPF en un ejercicio anterior a 2013, practicándose dicha deducción.


¿Cuál es la deducción por obras e instalaciones de adecuación en la vivienda habitual por razón de discapacidad para aquellos contribuyentes que con an- terioridad a 1.1.2013 hubieran ya satisfecho cantidades para la realización de dichas obras?


En aquellos casos en los que el contribuyente hubiera satisfecho cantidades para la realización de obras e instalaciones de adecuación de su vivienda habitual con ante- rioridad a 1.1.2013, tendrán como base máxima de deducción 12.080 euros anuales.


No obstante, las obras o instalaciones deberán estar concluidas antes del 1.1.2017.


Esta deducción es compatible e independiente de la deducción por inversión en vivien- da habitual, por lo que si se cumplen los requisitos previstos para tener derecho a su aplicación, podrá deducirse por ambos conceptos con los límites establecidos en cada una de ellas.


¿Se puede aplicar la deducción por las obras de mejora en un ascensor o rampa ya existentes en el edificio?


Si el edificio ya está dotado de ascensor o rampa y las obras se efectúan para adaptarlo a la normativa vigente, para mejorar su seguridad, o para adecuarlo a las necesidades de personas con discapacidad (por ejemplo, ampliándolo cuando sea posible en el caso del ascensor, o disminuyendo la pendiente en el caso de rampas), también se consideraría dentro del ámbito objetivo de la deducción.


Si la actuación es meramente estética no entraría en el ámbito de la deducción.


Deducciones autonómicas: Comunidad Valenciana


Los contribuyentes discapacitados podrán aplicar las siguientes deducciones autonó- micas en su declaración del IRPF:


a) Deducción de 179 euros por contribuyente discapacitado con un grado de minusva- lía mayor o igual del 33% y de edad igual o superior a 65 años, siempre que no perciba algún otro tipo de prestación por invalidez o por envejecimiento que se halle exenta por la norma estatal del IRPF, y que la suma de la base liquidable y del ahorro no supere los 25.000 euros en tributación individual o 40.000 en tributación conjunta


La determinación de las circunstancias personales que deban tenerse en cuenta a los efectos de esta deducción se realizará atendiendo a la situación existente en la fecha del devengo del impuesto.


b) Deducción del 5% de las cantidades satisfechas durante el período impositivo (que- dan exceptuados los intereses), por la adquisición de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual del discapacitado, por contribuyentes con discapaci- dad física o sensorial, de minusvalía igual o superior al 65%, o psíquica, igual o superior al 33%, y cuya base imponible general y del ahorro del IRPF no sea superior a dos veces el IPREM del período impositivo correspondiente.


Esta última deducción es compatible con la deducción del 5% de las cantidades satis- fechas, a excepción de los intereses, por adquisición de primera vivienda habitual por jóvenes de edad igual o inferior a 35 años, siempre que la suma de la base imponible general y del ahorro del contribuyente no supere dos veces el IPREM correspondiente al citado período.


c) Deducción de las cantidades satisfechas en el período impositivo por arrendamiento de la vivienda habitual, por personas con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía igual o superior al 65%, o psíquica, con grado igual o superior al 33%:


20%, con el límite de 612 euros.


25%, con el límite de 765 euros, si el arrendatario tiene una edad igual o menor

de 35 años.


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¿La norma exige el cumplimiento de requisitos adicionales para tener derecho a

esta deducción por arrendamiento?


Sí. Serían los siguientes:


a) Que se trate de arrendamiento de vivienda habitual del contribuyente, ocupada efectivamente por el mismo, con fecha de contrato posterior a 23 de abril de 1998 con duración igual o superior al año;


b) Que se haya constituido con la fianza ante la Generalitat;


c) Que, al menos, durante la mitad del período impositivo ni el contribuyente ni ninguno de los miembros de su unidad familiar disfrute, en propiedad o por derecho real de uso o disfrute, de una vivienda a menos de 100 kilómetros de la vivienda arrendada;


d) Que el contribuyente no tenga derecho a deducción alguna por inversión en vi- vienda habitual, salvo la correspondiente a las cantidades en cuentas viviendas


e) Que la base liquidable del IRPF no sea superior a 25.000 euros en el caso de tributación individual o 40.000 en el caso de la conjunta.


¿Cuánto se pueden deducir dos personas por este concepto que tengan (ambas) derecho a este beneficio? ¿Qué ocurre si el arrendamiento está en vigor sólo parte del ejercicio?


En el caso de que dos o más personas tengan derecho a esta deducción, se prorratea-

rá el importe del beneficio entre todas ellas.


En el caso de que el arrendamiento esté vigente durante una parte del ejercicio, se prorrateará el límite de la deducción entre el número de días en que esté vigente el mismo, y en que se cumplan las circunstancias personales requeridas.


IV. 1.6. Otros


Pese a que, como hemos anticipado, no se recoge en este apartado la fiscalidad ge- neral relativa a las personas físicas, queremos referirnos aquí a algunas medidas de aplicación general que pueden tener especial relevancia en el caso de contribuyentes discapacitados:


a) Los contribuyentes del IRPF tendrán derecho a deducir de la cuota inicialmente a pagar por este impuesto el resultado de aplicar a la base de la deducción correspon- diente al conjunto de donativos, donaciones y aportaciones con derecho a deducción (aportaciones a actividades prioritarias de mecenazgo47), la siguiente escala (a partir del 1 de enero de 2016):



Base de deducción Importe

hasta

Porcentaje de deducción

150 euros

75

Resto base de deducción

30


Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado do- nativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una misma entidad por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior, el porcentaje de deducción aplicable a la base de la deducción en favor de esa misma entidad, que exceda de 150 euros, será el 35%.


Transitoriamente, durante el ejercicio 2015, los porcentajes aplicables serán los si- guientes: 50 en vez del 75%; el 27,5 en vez del 30%; y en caso de recurrencia, el 32,5 en vez del 35%.


La base de deducción no podrá exceder del 15% de la base liquidable.


b) Estarán exentas del IRPF las ganancias patrimoniales y las rentas positivas que se pongan de manifiesto en sede del donante con ocasión de los donativos, donaciones y aportaciones antes mencionados a entidades sin ánimo de lucro


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¿Cuál es la base de las deducciones por donativos, donaciones y aportaciones realizados a favor, entre otras, de las entidades sin ánimo de lucro?


Centrándonos en los casos más habituales, dinero e inmuebles:


a) En los donativos dinerarios, su importe.


b) En los donativos o donaciones de bienes o derechos, el valor contable que tuviesen en el momento de la transmisión y, en su defecto, el valor determinado conforme a las normas del Impuesto sobre el Patrimonio.


El valor así determinado tendrá como límite máximo el valor normal en el mercado del

bien o derecho transmitido en el momento de su transmisión.


¿Cómo se justifican los donativos, donaciones y aportaciones deducibles?


La efectividad de los donativos, donaciones y aportaciones deducibles se justificará mediante certificación expedida por la entidad beneficiaria.


La entidad beneficiaria deberá remitir a la Administración tributaria la información sobre las certificaciones expedidas, indicando, al menos, la siguiente información:


a) El número de identificación fiscal y los datos de identificación personal del do- nante y de la entidad donataria.


b) Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida en la norma- tiva de entidades sin ánimo de lucro.


c) Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario.


d) Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado cuando no se trate de donativos en dinero.


e) Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de

su finalidad específica.


f) Mención expresa del carácter irrevocable de la donación, sin perjuicio de lo es- tablecido en las normas imperativas civiles que regulan la revocación de dona- ciones.


UNIDAD FAMILIAR


¿Quiénes forman la Unidad familiar?


1. La integrada por los cónyuges no separados legalmente, y si los hubiere:


a) los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de éstos.


b) los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.


2. En los casos de separación legal o cuando no existiera vínculo matrimonial, la for- mada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro y cumplan los requisitos del apartado anterior.


Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo.


La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente a 31 de diciembre de cada año.

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En relación a la modalidad de tributación conjunta ¿Es necesaria la incapaci- tación judicial del hijo discapacitado, mayor de edad, con grado de minusvalía superior al 65%, para poder realizar la tributación conjunta?


Si. Para que los hijos mayores de edad puedan formar parte de la unidad familiar es necesario que estén incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.


La incapacitación se regula en los artículos 199 y siguientes del Código Civil. En con- creto, en el artículo 200 se dispone que son causas de incapacitación las enfermeda- des o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a las personas gobernarse por sí mismas.


Precisamente, esa falta de gobernabilidad que padece la persona, motiva que a efectos fiscales, el legislador haya considerado oportuno entender que dicha persona pueda ser equiparada o tratada como una persona menor de edad y, por tanto, en beneficio de ella y de la propia familia que la sustenta, pueda ser incorporada en una de las modalidades de unidad familiar, con los efectos que de ello se derivan, es decir, en el presente caso de poder optar en su caso por la tributación conjunta.


Un contribuyente sostiene los gastos de su madre (78 años), incapacitada por sentencia judicial. Los gastos que asume son los referentes al alquiler de vivien- da, pago a la persona que le atiende, comida, etc., que suponen al mes sobre 600 euros. ¿Puede la madre formar parte de su unidad familiar?


No. De acuerdo a la configuración de la unidad familiar que figura en la normativa del IRPF, únicamente se contemplan como unidades familiares por una parte, las formadas por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere con los hijos según deter- minadas circunstancias y, por otra parte, en los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial, la formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro, también bajo determinadas circunstancias.


Si en la unidad familiar hay varios trabajadores en activo discapacitados, con diferente grado de discapacidad ¿cómo se determina en tributación conjunta el importe del aumento de los gastos por rendimientos del trabajo como trabajado- res activos discapacitados?50


En la tributación conjunta el importe del incremento en los gastos es único, con inde- pendencia del número de trabajadores en activo que sean discapacitados.


Si hubiera varios y el grado de discapacidad fuera diferente, se aplicará el incremento que corresponda al mayor grado de discapacidad.

IV. 2. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO


El Impuesto sobre el Patrimonio (IP) es un tributo de carácter directo y naturaleza per- sonal que grava el patrimonio neto de las personas físicas a 31 de diciembre de cada año, estando constituido el mismo por el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de que sea titular, con deducción de las cargas y gravámenes que dismi- nuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder.


Es un impuesto de declaración individual, sin que quepa la opción de declarar conjun- tamente como en el IRPF. Se aplica en todo el territorio español y su rendimiento está cedido a las Comunidades Autónomas.


A la persona física contribuyente por este impuesto, que tenga su residencia en terri- torio español, se le exigirá el mismo por la totalidad de su patrimonio neto, con inde- pendencia del lugar donde se encuentren situados los bienes o puedan ejercitarse los derechos.


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¿Cómo se cuantifica la base imponible de este impuesto?


Se debe proceder a valorar el patrimonio neto, titularidad de la persona física, a 31 de

diciembre, de acuerdo con la normativa reguladora del impuesto51.


Por un lado se valoran sus activos, como por ejemplo los inmuebles, saldos de cuentas bancarias, valores, seguros, ajuar doméstico, etc.; y otro lado las cargas, gravámenes, deudas y obligaciones. La diferencia constituye la base imponible del impuesto.


¿Existe algún mínimo exento, es decir, susceptible de minorar la base imponible del impuesto y, en consecuencia, no tributar por el mismo?


Sí. La normativa estatal del IP prevé un mínimo exento no tributable de 700.000 euros, que venía asumiendo la normativa autonómica valenciana hasta el 31 de diciembre de 2015.


A partir del 1 de diciembre de 2016, dicho límite se minora hasta los 600.000 euros para los contribuyentes por obligación personal que residan habitualmente en la Comunidad Valenciana.


No obstante, para contribuyentes con discapacidad psíquica, con un grado de minus- valía igual o superior al 33%, y para contribuyentes con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía igual o superior al 65%, el importe del mínimo exento se eleva a 1.000.000 euros.

IV.3. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO


El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es un tributo de carácter indirecto que recae sobre el consumo y grava (i) las entregas de bienes y prestaciones de servicios realiza- das por empresarios o profesionales; (ii) las adquisiciones intracomunitarias de bienes; y (iii) las importaciones de bienes, en la forma y condiciones previstas en la Ley del IVA52.


El ámbito espacial de aplicación del mismo es todo territorio español a excepción de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla.


¿Tiene el IVA en cuenta los fines o resultados perseguidos por la actividad em- presarial o profesional?


No. La sujeción al impuesto se produce con independencia de los fines o resultados perseguidos en la actividad empresarial o profesional o en cada operación en particu- lar, por muy loables que pudieren considerarse. El IVA debe analizarse desde el punto de visto del que transmite el bien o presta el servicio, no desde el punto de vista del destinatario del mismo.


IV.3.1 Exenciones


El que una operación se encuentre no sujeta, o sujeta y exenta del IVA significa que el empresario o profesional que la realiza no repercutirá el IVA sobre aquélla, lo que su- pondrá un ahorro impositivo para el consumidor final, situación en la que habitualmente se encuentra la persona discapacitada.


Están exentas del IVA, entre otras, las siguientes actividades:


a) Los servicios de hospitalización, asistencia sanitaria y servicios relacionados direc- tamente con las mismas prestados por entidades de Derecho público o entidades o establecimientos privados en régimen de precios autorizados o comunicados.


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¿Qué se entiende por servicios directamente relacionados con de los de hospita- lización y asistencia sanitaria?


Los servicios de alimentación, alojamiento, quirófano, suministro de medicamentos y material sanitario y otros análogos prestados por clínicas, laboratorios, sanatorios y demás establecimientos de hospitalización y asistencia sanitaria.


¿Qué operaciones quedan excluidas de esta exención?


La exención no se extiende a las operaciones siguientes:


a) La entrega de medicamentos para ser consumidos fuera de los establecimientos antes mencionados.


b) Los servicios de alimentación y alojamiento prestados a personas distintas de los destinatarios de los servicios de hospitalización y asistencia sanitaria y de sus acompañantes.


c) Los servicios veterinarios.


d) Los arrendamientos de bienes efectuados por las entidades antes mencionadas.


b) La asistencia a personas físicas por profesionales médicos o sanitarios, cualquiera que sea la persona destinataria de dichos servicios (pueden existir terapias que no estén consideradas dentro de esta exención por no referirse a diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades).


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A efectos del IVA ¿quiénes tendrán la condición de profesionales médicos o

sanitarios?


Los considerados como tales en el ordenamiento jurídico y los psicólogos, logopedas y ópticos, diplomados en centros oficiales o reconocidos por la Administración.


Son profesiones sanitarias, tituladas y reguladas, aquellas cuya formación pre-gradua- da o especializada se dirige específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la atención de salud, y que están organizadas en colegios profesionales oficialmente reconocidos por los poderes públicos, de acuerdo con lo previsto en la normativa específicamente aplicable.


Las profesiones sanitarias se estructuran en los siguientes grupos:


De nivel Licenciado: las profesiones para cuyo ejercicio habilitan los títulos de Licencia- do en Medicina, en Farmacia, en Odontología y en Veterinaria y los títulos oficiales de especialista en Ciencias de la Salud para Licenciados54.


De nivel Diplomado: las profesiones para cuyo ejercicio habilitan los títulos de Diploma- do en Enfermería, en Fisioterapia, en Terapia Ocupacional, en Podología, en Óptica y Optometría, en Logopedia y en Nutrición Humana y Dietética y los títulos oficiales de especialista en Ciencias de la Salud para tales Diplomados.


¿Qué operaciones estarán exentas?


Las prestaciones de asistencia médica, quirúrgica y sanitaria, única y exclusivamente relativas al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades, incluso las de aná- lisis clínicos y exploraciones radiológicas, prestados materialmente por profesionales médicos o sanitarios según el ordenamiento jurídico, aunque dichos profesionales ac- túen por medio de una sociedad mercantil y, ésta, a su vez, facture dichos servicios al destinatario de los mismos.


¿Están exentos del IVA los servicios prestados por licenciados en psicología, pedagogía y logopedia?


Los psicólogos y logopedas están considerados como profesional médico o sanitario, por lo que si prestan servicios a personas físicas, consistentes en asistencia médica, quirúrgica o sanitaria relativas al diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermeda- des, estos servicios estarían exentos. Los pedagogos no son considerados profesiona- les médicos o sanitarios por lo que sus servicios no estarían exentos.


Por tanto, estarán exentos: (i) los servicios prestados por licenciados en filosofía y ciencias de la educación, sección de psicología, especialidad de psicología clínica, que consistan en el estudio de la psiquis o en el diagnóstico, prevención o curación de sus alteraciones; y (ii) los servicios de reeducación de la voz y formas de expresión prestados a personas que no saben hablar (logopedia y foniatría) cuando el prestador esté habilitado para el diagnóstico y tratamiento.


¿Están exentos del IVA los servicios que presta un psicólogo en un centro do- cente y que consisten en la orientación en materias escolares y atención a los padres y alumnos?56


En principio serán servicios sujetos y no exentos del impuesto.


La exención prevista para los servicios de asistencia sanitaria no será aplicable si no son servicios relativos al diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades, no teniendo tal consideración los servicios de asesoramiento y orientación (psicología es- colar).


La exención prevista para los servicios de enseñanza no será aplicable si no se trata de impartición de clases que versen sobre materias incluidas en planes de estudio de cualquiera de los niveles y grados del sistema educativo español.


c) Las entregas de sangre, plasma sanguíneo y demás fluidos, tejidos y otros elemen- tos del cuerpo humano efectuadas para fines médicos o de investigación o para su procesamiento con idénticos fines.

d) Los servicios de estomatólogos, odontólogos, mecánicos dentistas y protésicos den- tales, y la entrega, reparación y colocación de prótesis dentales y ortopedias maxilares realizadas por los mismos, cualquiera que sea la persona a cuyo cargo se realicen dichas operaciones.


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¿Están exentas las prestaciones de servicios, reparación y colocación de próte- sis dentales? 57


Están exentas las prestaciones de servicios y las entregas, reparación y colocación de prótesis dentales y ortopedias maxilares realizadas por estomatólogos, odontólogos, mecánicos dentistas y protésicos dentales que, siendo personas físicas o jurídicas, estén facultados para realizar las operaciones indicadas en el desarrollo de sus res- pectivas profesiones


e) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios que, para el cumplimiento de sus fines específicos, realice la Seguridad Social, directamente o a través de sus entidades gestoras o colaboradoras. La exención no se extiende a las entregas de medicamentos o de material sanitario realizadas por cuenta de la Seguridad Social.


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¿Siempre será aplicable esta exención?


No. Sólo en los casos en que quienes realicen tales operaciones no perciban contra- prestación alguna de los adquirentes de los bienes o de los destinatarios de los servi- cios, distinta de las cotizaciones efectuadas a la Seguridad Social.


f) Entre otros, los siguientes servicios de asistencia social prestados por entidades de Derecho público o entidades o establecimientos privados de carácter social:

- Protección de la infancia y de la juventud.

- Asistencia a la tercera edad.

- Educación especial y asistencia a personas con minusvalías.

- Asistencia a personas con cargas familiares no compartidas.

- Acción social comunitaria y familiar.


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¿Qué se entiende por actividades de protección de la infancia y de la juventud?


Las de rehabilitación y formación de niños y jóvenes, la de asistencia a lactantes, la custodia y atención a niños, la realización de cursos, excursiones, campamentos o viajes infantiles y juveniles y otras análogas prestadas en favor de personas menores de veinticinco años de edad.


¿Qué se incluye en esta exención?


La prestación de los servicios de alimentación, alojamiento o transporte accesorios de los anteriores prestados por dichos establecimientos o entidades, con medios propios o ajenos.


¿Está exenta la enseñanza de signos impartida por una Federación de sordos? 58


Estos servicios tienen el carácter de asistencia social al tratarse de educación especial de personas con discapacidad.


Por tanto, están exentos siempre que la entidad que los presta sea una entidad de derecho público o una entidad o establecimiento privado de carácter social, incluso si son efectuadas a cambio de una cuota adicional a la exigida por su consideración de socios de la asociación.

Si no se cumplieran los requisitos para aplicar la exención, los servicios citados tributarían al tipo reducido del IVA.


¿Cuándo están exentas los servicios de tele-asistencia, ayuda a domicilio, centro de día y noche y atención residencial?


Las prestaciones de servicios de tele-asistencia, ayuda a domicilio, centro de día y noche y atención residencial, efectuadas para personas en situación de dependencia (ancianos y personas con discapacidad física o psíquica) tienen la consideración de prestaciones de carácter social.


Están sujetas pero exentas del IVA las prestaciones de servicios de tele-asistencia y ayuda a domicilio efectuadas por una entidad o establecimiento privado de carácter social de acuerdo con lo previsto en la normativa del IVA.


Están sujetas y no exentas del IVA las prestaciones de servicios de tele-asistencia y ayuda a domicilio efectuadas por empresarios o profesionales que no tengan la consi- deración de establecimientos privados de carácter social.


Las prestaciones de servicios de tele-asistencia y ayuda a domicilio efectuadas por empresarios o profesionales que no tengan la consideración de establecimientos priva- dos de carácter social, a las que no resulte de aplicación el tipo del 4%, tributarán por el IVA al tipo del 10%


¿Están exentas las prestaciones de servicios de asistencia social efectuadas por asistentes sociales, personas físicas? 61


Las exenciones relativas a los servicios de asistencia social reguladas en la normativa del IVA62 se aplican a quienes cumplan una serie de requisitos (carecer de finalidad lucrativa; los cargos de presidente, patrono o representante legal deberán ser gratuitos; y los socios, cónyuges o parientes consanguíneos hasta el segundo grado no podrán ser destinatarios principales de las operaciones ni gozar de condiciones especiales en la prestación del servicio), no habiendo ninguna razón para que una persona física que cumpla todos y cada uno de los requisitos, en especial el requisito de carecer de finalidad lucrativa, pueda tener esta consideración.


g) La educación de la infancia y de la juventud, la guarda y custodia de niños, la ense- ñanza escolar, universitaria y de postgraduados, la enseñanza de idiomas y la forma- ción y reciclaje profesional, realizadas por Entidades de derecho público o entidades privadas autorizadas para el ejercicio de dichas actividades.


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¿Están exentos los servicios de monitores escolares prestados en centros do- centes por una entidad mercantil distinta del propio centro?63


Desde el 1 de enero de 2015, estarán exentos del IVA, los servicios de atención, apoyo y vigilancia prestados por monitores a niños